En el servicio de recolección de "Mexicanos primero" del día de hoy martes apareció esta nota tomada del periódico Reforma. Por referirse al gobierno oaxaqueño la incorporo para su lectura y reflexión. Su autora es analista política y aparece en el programa Primer Plano que se transmite los lunes en la noche en el canal 11 de la ciudad de México. Vale.

A prueba (opinión)

María Amparo Casar REFORMA

A menos de 100 días de gobierno a Gabino Cué le ha estallado un conflicto similar al que enfrentó su antecesor en 2006 y que supuso la pérdida de un ciclo escolar para los niños oaxaqueños, enfrentamientos violentos, muertos, heridos y una grave afectación a la actividad económica del estado.
El movimiento protagonizado por la APPO y por la Sección 22 del SNTE de entonces -como el de ahora- poco tenían que ver con las condiciones de pobreza y marginación de uno de los estados más atrasados del país. Ni siquiera puede decirse que algo tuviera que ver con el autoritarismo y corrupción que caracterizaron al gobierno de Ulises Ruiz. Al menos así lo demuestra el arreglo al que llegaron y el que ambas organizaciones acabaran acomodándose con el gobernador una vez que les fueron restablecidos sus privilegios.
Ahora regresan a la carga contra un gobernador que supo hacer una amplia alianza para derrotar el monopolio del poder del PRI durante más de ocho décadas, que ha montado un gobierno de coalición y que quiere hacer del diálogo, la negociación y el acuerdo los principales instrumentos del ejercicio del poder.
Regresan a la movilización no para exigir que se cumplan las promesas de campaña, para demandar políticas públicas de corte social o para reclamar un ejercicio democrático del poder. Regresan con la excusa de la visita del Presidente a quienes ellos consideran espurio. En realidad, regresan a protestar para poner a prueba al nuevo gobernador.
Y lo hacen con los métodos de siempre. Con enfrentamientos violentos, tácticas de choque, afectaciones a terceros y condiciones tan inadmisibles como absurdas para restablecer el diálogo: una disculpa pública por actos que ellos mismos provocaron y la remoción de integrantes del gabinete recién nombrado.
Está bien que Cué haya apreciado el potencial de explosividad y el riesgo que suponen movimientos como éste y que elija la vía de la negociación y el diálogo, pero no puede apostar -como lo hizo su antecesor- a su apaciguamiento por la vía de restituirles beneficios fuera de la ley. No puede consentir, como acaba de develar el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2009, que la Sección 22 reciba del gobierno más de 12 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica para "pago de festejos, mantenimiento de oficinas, asesorías y prestación de servicios" (lo que haya recibido de la APPO no lo sabemos). No puede ceder al chantaje de que las organizaciones que lo apoyaron decidan la conformación de su gobierno. Tampoco puede tolerar movimientos que paralizan 13 mil escuelas, queman autobuses, toman ciudades o privan de su libertad a policías. No puede ceder al expediente fácil de "dejar hacer, dejar pasar" por miedo a que lo llamen represor.
Al de Cué lo han precedido decenas de gobiernos de alternancia incluidos los dos a nivel nacional. Bien haría en echar un vistazo a esas experiencias y convencerse de que derrotar al PRI y llegar al poder con legitimidad democrática no alcanza.
No hay nada que nos haga pensar que Cué pudiera parecerse a Ulises Ruiz en el talante autoritario y en la corrupción generalizada que caracterizó a su gobierno. Pero sí corre el riesgo de parecerse a él en tolerar, en acomodarse, en dejar las estructuras de poder tradicional intocadas y en mimetizarse con los usos y costumbres del poder.
No la tiene fácil pero puede comenzar por dejar en claro que su gobierno no tolerará ni demandas que no son legítimas ni modos de hacer política que no tienen cabida en un estado democrático. Que no pagará facturas de apoyo electoral -sean éstas de la APPO, de la Sección 22 o de la vieja guardia del PRI- con acciones fuera de la ley.
Pero tiene también que blindar sus acciones de gobierno. Para ello no hay mejor vía que emprender una renovación de la muy maltrecha estructura institucional del gobierno de Oaxaca que siempre ha estado capturada por el gobierno en turno. Si quiere cubrirse contra la petición ilegal de prebendas y la malversación de recursos públicos, tiene que fortalecer a la contraloría estatal y al instituto de transparencia; si quiere -como es su obligación- guardar el orden público sin hacerse acreedor del cargo de violar garantías, debe robustecer y dar autonomía a la comisión de derechos humanos y rehabilitar a la policía; si quiere terminar con el uso político de la justicia, debe limpiar la Procuraduría estatal; si quiere elecciones intermedias creíbles que refrenden a su gobierno, debe despolitizar al instituto electoral. Estas instituciones pueden ser sus mejores aliadas en un ejercicio del poder democrático y el mejor dique contra movimientos que lo quieren de rehén.

(Nota completa)